— La IP quiere dar marcha atrás a la historia y busca el monopolio de la educación, de la economía y aún más, del aparato gubernamental. — La IP lanza un contragolpe a los intentos del gobierno para limitar su poderío y cree que tiene asustado a este régimen con lo de la atonía. — La IP quiere hacer responsable al gobierno de la crisis y desprestigiar el manejo estatal en los negocios, para ocultar su ineptitud. |
En los últimos días se ha intensificado la embestida de la Iniciativa Privada (IP) contra el gobierno, debido sin duda, al difícil momento por el que atraviesa el país y al debilitamiento del apoyo popular de la actual Administración. La IP –léase: minoría monopolista- siente que la coyuntura es propicia para ejercer presión sobre el gobierno para frenarlo, limitarlo en sus funciones y derivar de ello el mayor provecho posible para sus ambiciones ilimitadas de poder y de lucro.
Los puntos de ataque son, como es fácil explicárselo, aquellos en los que la IP considera que la política gubernamental lesiona sus intereses: manejo de empresas y organismos económicos, política de precios, intervenciones directas en la compra venta de productos, política de inversiones públicas, política impositiva, y problemas semejantes, que en una u otra forma tienen un impacto directo o indirecto en las posibilidades de la IP de obtener utilidades.
No es una casualidad que la IP no le dispute al gobierno el derecho de construir escuelas, caminos, viviendas para los trabajadores, ni reclame para sí el derecho de contribuir substancialmente al desarrollo científico y tecnológico, a la lucha contra la contaminación ambiental, la sanidad y la profilaxis social, y tareas semejantes de gran interés nacional. Tampoco se interesan en pagar sus impuestos, ni aún los que deberían cubrir de acuerdo con el sistema actual que les es tan favorable; antes al contrario, bloquean toda posibilidad de que el gobierno obtenga mayores ingresos para hacerle frente a las grandes necesidades nacionales de todo tipo, obligándolo a incurrir en endeudamientos crecientes, tanto en lo interior como en moneda extranjera.
Sólo le interesa a la IP aquello que huela a dinero y a poder; que les asegure un clima propicio para amasar grandes fortunas y su disfrute irresponsable e irrestricto, dilapidando los recursos nacionales.
La famosa “atonía”
El lenguaje de los negocios se ha “enriquecido” recientemente con un nuevo término, el de “atonía”. Con él se quiere significar una situación de malos negocios, pero en una forma que no alarme, que disfrace el problema de reducción de turnos en las fábricas, la baja en la producción, el aumento del desempleo, la disminución de los ingresos de las masas populares; la palabra “atonía” es más suave y hasta elegante. Ya en otras ocasiones y en otras latitudes, con el mismo propósito se han acuñado términos como los siguientes: receso, reajuste, depresión, marasmo. Llamando a las cosas por su nombre deberíamos utilizar el de crisis, que tiene un significado más profundo y adecuado a la situación de que se trata.
En relación a la crisis (o “atonía”, como se le está llamando) por la que estamos atravesando, la IP se ha lanzado a una campaña a fondo y con resultados tangibles, debemos reconocer, para atribuirla totalmente al gobierno, específicamente al gobierno actual. Los razonamientos utilizados son del tenor siguiente:
El gobierno, con sus planteamientos de que es necesario mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso, y con sus frecuentes alusiones a los despilfarros de los ricos, a que se reformará el Sistema Fiscal y a que el Estado se propone jugar el papel rector de la economía, lo que ha logrado es desalentar la inversión privada, con lo que ha provocado la “atonía”;
El gobierno, lejos de aumentar sus inversiones en infraestructura y servicios en general, los ha restringido, con lo que ha acentuado la “atonía”;
Los organismos descentralizados y las empresas estatales incurren en fuertes pérdidas, por lo que el gobierno tiene que otorgarles subsidios cuantiosos, a costa de los contribuyentes;
La política de control de precios, de intervenciones directas e indirectas en la compra-venta de productos y en otros aspectos económicos, tiende a frenar la producción;
Las empresas estatales y organismos descentralizados llevan a cabo una “competencia desleal” al sector privado, porque disfrutan de una serie de “privilegios”.
Estos y otros argumentos son manejados ante la Opinión Pública para ejercer presión contra el gobierno y obligarlo a que haga concesiones (¿más?) a la IP. Los males, por lo tanto, según la IP, provienen de la política intervencionista del gobierno, de su ineficiencia, de su incapacidad para resolver todos los problemas, de las interferencias a la actividad de los hombres de negocios impidiéndoles que –ellos sí- puedan asegurar condiciones de abundancia y bienestar para el pueblo. La solución, según la IP es que el gobierno se encargue solamente de la “Infraestructura” y de los “Servicios generales”, dejando para el sector privado, todo el resto (casi nada).
La IP, contra la marcha de la Historia
Los argumentos que nos presenta la IP distan mucho de convencernos y menos aún sus soluciones, y no porque seamos obstinados, sino porque la realidad de México y del mundo, nos demuestran que el sistema basado en la IP, o en su variante de “Economía Mixta”, se encuentra en franca bancarrota. La “atonía” actual no es otra cosa que una manifestación de la crisis general del sistema de “Iniciativa Privada”.
Uno a uno los países del llamado “Mundo Occidental”, especialmente del “Tercer Mundo”, y aún los de mayor desarrollo, ante el fracaso de la “IP” para asegurar el empleo pleno de los hombres y del aparato productivo y elevar los niveles de vida de la población, han ido buscando en la mayor intervención del Estado en la actividad económica, particularmente en la forma de manejo directo de empresas y organismos económicos, la solución a las demandas populares.
Lo que México necesita es que el Estado intensifique y mejore su intervención económica, con un sentido nacionalista y popular y no solamente para complementar o corregir las deficiencias de la “IP”, porque, repetimos, el sistema del “IP” no tiene posibilidad alguna de mantenerse por mucho tiempo.
De esta manera, el pueblo debe tener muy claro que la reducción de la intervención del Estado en la vida económica y la transferencia de empresas y organismos económicos a la “IP” sería un retroceso de grandes proporciones y lo dejaría (al pueblo) completamente a merced del apetito insaciable de ganancias de los grandes monopolistas.
Lo que debemos hacer, por lo tanto, es organizarnos políticamente para tener la fuerza suficiente que nos permita hacerle frente al dominio de la gran “IP” y presionar al gobierno para que aumente su intervención, mejore la eficiencia de sus dependencias, de participación en sus empresas a los trabajadores y ponga toda su acción al servicio de la independencia nacional y del bienestar del pueblo.♦