Con dinero del público establecen negocios propios y adquieren otros con lo que van controlado la riqueza del país; la banca privada es muy eficiente para obtener lucro, pero incapaz para operar con fines sociales. Los bancos nacionales Ejidal y Agrícola operan con pérdidas y tienen deficiencias (que deben superarse), pero realizan una importantísima labor económico-social. Esos bancos, manejados por el sector privado ¿cumplirían mejor su función económico-social y a la vez obtendrían utilidades? Muchas empresas del gobierno en diversos ramos, incluyendo el crédito operan con amplias utilidades (Banco de México, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Altos Hornos, entre otros) ¿por qué no habían de operar bien los bancos de depósito en manos del propio gobierno, disponiendo del dinero del público a título gratuito o a muy bajo costo? Como factor clave de la economía la Banca de Depósito debe ser manejada por el gobierno, con eficiencia, aunque no preponderantemente con criterio de lucro. Esta es una demanda revolucionaria y constituye un punto esencial del programa de las fuerzas de izquierda del país. |
Con motivo de la inauguración del XI Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, el señor presidente Luis Echeverría, al dar respuesta a una pregunta de un estudiante sobre cuál era su opinión respecto a la nacionalización de la banca, fijó su posición declarando categóricamente que “en estos momentos la nacionalización de la Banca llevaría a un desastre”. El problema planteado tiene una indiscutible importancia y sobre todo de los que se interesan en la marcha ascendente de México por el sendero revolucionario.
Las razones expresadas por el señor presidente para apoyar su posición fueron tres: 1ª— Que el sistema creado por la Revolución consiste en que “El Estado Revolucionario Mexicano otorga concesiones a particulares para recoger el ahorro público y canalizarlo hacia actividades que deben ser fecundas”; 2ª— Que disponiendo el Estado Mexicano, a través del Banco de México -que es el central- de los instrumentos legalmente utilizables para conducir en realidad a donde quiera el ahorro que capta la Banca, el Estado Revolucionario debe hacerlo así”; y 3ª— “muchas empresas administradas por el Estado, con frecuencia o tradicionalmente no han sido bien administradas, pensó que si el Estado fuera siempre un excelente administrador, no había ninguna duda acerca de pensar en cualquier paso trascendental”. Veamos uno a uno estos argumentos para tener una idea clara de su grado de validez y de sus implicaciones para el desarrollo del país por la vía señalada por los ideales de la Revolución Mexicana.
El primer argumento es válido sólo parcialmente, por diversas razones. En primer lugar, la Constitución ni las leyes específicas, otorgan exclusividad al sector privado para dedicarse a la Banca de Depósito pudiendo el Gobierno (y debiendo, diría yo), también manejar este tipo de bancos y en franca competencia con los bancos privados para asegurar que las condiciones de los créditos, su canalización y las tasas de interés fueran las más convenientes para el progreso nacional en su conjunto. Y lo que ha sucedido hasta ahora, por alguna razón, es que el Estado se ha abstenido de participar directamente en la Banca de depósito (excepto leves intervenciones como las del Nacional Monte de Piedad y el Banco Nacional de Comercio Exterior que tienen pequeños departamentos de ese género, y quizás la que más bien por accidente tiene el Estado a través del Banco Mexicano), dejando el campo libre, casi en exclusividad al sector privado.
En segundo lugar, el gobierno ha propiciado la enorme concentración bancaria en un pequeño grupo de grandes inversionistas que controlan los bancos mayores, a quienes se autoriza la apertura de las sucursales que quieran (y las sucursales son bancos en forma) mientras que ha cerrado la puerta totalmente para el establecimiento de nuevos bancos, lo que deja fuera del negocio bancario a otros inversionistas, a grupos de industriales, comerciantes, organizaciones obreras y campesinas.
No creemos sinceramente que en este aspecto se haya procedido de acuerdo con los ideales revolucionarios.
La existencia de un banco central —el segundo argumento— no es garantía de que la banca privada se ponga al servicio de los grandes intereses del país. Existen bancos centrales en la mayoría de los países del mundo— algunos de ellos anteriores a 1925 en que se creó el Banco de México— con instrumentos semejantes a los que utiliza el nuestro y en muchos casos esos bancos no hacen otra cosa que apuntalar el poder de la banca privada y de los grandes inversionistas en general. En cuanto al Banco de México no podemos no podemos decir que ha cumplido satisfactoriamente con su cometido revolucionario porque no ha asegurado crédito amplio, oportuno y barato para actividades importantes como las agropecuaria, para los medianos y pequeños industriales, artesanos y comerciantes mexicanos. El crédito sigue siendo muy escaso, excepto para los “grandes”, y muy caro; las tasas de interés son ahora tan altas como hace 30 años. Además, en el Banco Central tiene participación directa el sector de la banca privada, tanto en la integración del capital, como en su Consejo de Administración.
El tercer argumento, que consiste en que muchas empresas del Estado no han sido bien administradas, y en el ramo bancario en especial las que se dedican a otorgar créditos al campo, tiene una serie de implicaciones que debemos puntualizar, al menos las que creemos de mayor importancia.
De manera permanente el sector privado trata de influir sobre la opinión pública en el sentido de convencerlo de que el Estado es un mal administrador, con el objetivo de debilitar la acción gubernamental en el manejo de empresas y organismos que en una forma u otra puedan competir con sus negocios. En su argumentación los grandes inversionistas privados utilizan el criterio técnico-administrativo de la redituabilidad para juzgar de la eficiencia con que se manejan las empresas estatales, cuidándose eso sí, de considerar otros criterios que a la postre son más importantes, entre ellos, el que se refiere al cumplimiento de metas de interés general. Con esa campaña la oligarquía persigue la finalidad de que la opinión pública no apoye ni se solidarice con los esfuerzos del Estado para hacerse cargo, por interés nacional, de actividades económicas básicas.
Como resultado de esa campaña y por falta de una información amplia sobre el manejo de las empresas. Y organismos del Estado, la opinión pública muestra una gran indiferencia respecto a las mismas, no las siente suyas, y en muchos casos formándose una idea incorrecta llega a sentir antipatía por ellas y a condenarlas, aún en contra de sus intereses. Un caso muy ilustrativo se refiere precisamente al de los bancos gubernamentales de Crédito Agrícola, el Ejidal y el Agrícola, que ahora han sido citados por el Primer Mandatario.
Es verdad que el Banco Ejidal y el Agrícola reportan pérdidas considerables, año con año. También es cierto que parte de esas pérdidas se derivan de ineficiencias en la administración y hasta de malos manejos de algunos funcionarios mayores y menores. Sin embargo, el problema es mucho más complejo, y podemos afirmar, con conocimiento de causa, que las deficiencias y los malos manejos no son la causa principal de las pérdidas que registran, y además que en esas instituciones trabajan con entusiasmo, capacidad y honestidad a toda prueba, muchos funcionarios.
Las causas principales de las pérdidas en que incurre el Banco Nacional de Crédito Ejidal residen fundamentalmente fuera del propio banco: una clientela pobre, con parcelas insuficientes, endeudados de los magros frutos de su trabajo. ¿Cómo es posible que con esa clientela, que forma una parte sustancial de los ejidatarios que acuden al Banco, se pueda operar con utilidades? Para la banca privada estos ejidatarios no son sujetos de crédito y simplemente les dan la espalda; se interesan si, en dar crédito al campo, pero a los grandes agricultores y ganaderos que son clientes seguros, que tienen propiedades y que en muchos casos hasta son socios de algún banco local asociado y alguno de los bancos más importantes de la Capital.
De acuerdo con estos razonamientos, nos parece injusto para estas instituciones crediticias gubernamentales y para muchos de sus buenos funcionarios considerarlas como ejemplo de mala administración principalmente porque pierden dinero, olvidándose de que necesariamente tienen que incurrir en pérdidas al atender el tipo de clientela que está a su cargo. Claro que deberían reducir en lo posible dichas pérdidas, pero sin olvidar su misión esencial de ayudar al sector ejidal y de pequeños agricultores a cultivar sus campos y criar su ganado con una tecnología y organización cada vez mejor, para lo cual desde luego el Banco Ejidal y el Agrícola tendrían que disponer de mayores recursos para otorgar sus créditos en forma oportuna y suficiente, lo que no sucede.
Lo que es todavía menos correcto es que se tome a estas instituciones, que son un caso especial, muy distinto al de la Banca de Depósito que recibe amplios recursos de parte del público y que puede utilizarlos con mayor flexibilidad en cuanto a actividades y a tipo de clientela, como piedra de toque para no nacionalizar la Banca Privada de Depósito. ¿Qué no cuentan los grandes éxitos de muchas empresas del Estado como la Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Altos Hornos, Petróleos, Comisión Federal de Electricidad, y muchas otras, que a la redituabilidad añaden el cumplimiento de importantes metas de interés general?
Haciendo un balance ponderado de los pros y contras de la nacionalización de la banca frente al mantenimiento al mantenimiento de la situación actual en que un pequeño grupo la controla y utiliza fundamentalmente para incrementar sus negocios y sus utilidades, así como su poder económico y político, estoy firmemente convencido de que debe nacionalizarse como único camino para lograr la más acertada canalización de los ahorros de la comunidad teniendo como mira fundamental el beneficio máximo para esa misma comunidad.
Al expresar estas ideas nos hacemos cargo de los enormes problemas que el gobierno y el país tienen enfrente, como los del comercio exterior, el endeudamiento interno y externo, el imperativo de mantener una alta tasa de inversión para acelerar el desarrollo, el inaplazable problema de dar ocupación bien remunerada a millares de mexicanos y de mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso; nos percatamos también de que la nacionalización de la banca en estos momentos provocaría serios trastornos internos y aún exteriores, y que quizás no estén dadas las condiciones sobre todo políticas para dar ese paso. Pero estamos convencidos de que el camino revolucionario de México exige que la Banca de Depósito sea nacionalizada, dada la importancia estratégica que tiene en la economía, pues es uno de sus más destacados “puestos de mando”, y debido a que es una de las más importantes fuentes del poder de la oligarquía. Y lo hemos dicho reiteradamente, el Progreso con Justicia Social no es posible si la banca y otros importantes sectores de la economía están bajo el control de pequeños grupos. Por ello esperamos que el gobierno calibre mejor el problema y no renuncie por anticipado a nacionalizar la banca (y otros ramos básicos) y vaya creando las condiciones propicias para que en el momento oportuno convierta en realidad esta demanda de los sectores revolucionarios y del pueblo en general.¨