Tras la densa cortina de informaciones interesadas que pretenden presentar a la América Latina como una región dinámica que surge con fuerza impetuosa que la va incorporando aceleradamente a las filas del desarrollo moderno, la realidad concreta, revelada por las cifras, de las tasas de desarrollo y de la distribución de los ingresos no puede ser más desalentadora. En verdad, la economía de la América Latina en los seis años de la presente década ha estado prácticamente estancada. Tal se desprende, si faltaba alguna prueba, de los estudios y documentos preparados por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) organismo de las Naciones Unidas.
La producción total de los países de la América Latina (excluyendo a Cuba, para los que la CEPAL no da cifras) aumentó en sólo un 4.3% en el período de 1960 a 1966. Considerando que la población aumentó en ese mismo lapso en un 3%, el incremento de la producción por habitante apenas alcanzó el 1.3%. Ahora, como la economía de Latinoamérica tiene una gran dependencia respecto a los mercados mundiales, durante el período considerado se registraron fluctuaciones importantes, que significaron que solamente en tres años se mejoró en alguna medida la situación de la producción por habitante, en tanto que en otros tres se estancó, llegando hasta a descender en uno de ellos, el año de 1963 en que la producción por habitante fue menor que en el año anterior. Es decir, en este año hubo retroceso económico.
En el año de 1966 que acaba de pasar, la producción total apenas logró aumentar en un 3%, es decir, en una tasa igual a la correspondiente al aumento de la población, lo que quiere decir que en el año pasado la economía de América Latina estuvo estancada.
En el escenario latinoamericano se pueden localizar algunos países que se encuentran prácticamente frente a un callejón sin salida, dentro de las condiciones presentes, ya que en forma persistente muestran estancamiento y con frecuencia hasta descensos en la producción por habitante. En estas condiciones se encuentran algunos de los países más importantes como Argentina, Brasil, y Venezuela, además de Uruguay, Haití, República Dominicana, Paraguay y Ecuador.
En 1966 cinco países de la región sufrieron reducciones en la producción por habitante, siendo ellos los siguientes: Argentina (-2.7%), Brasil (-1.2%), Ecuador (-0.1%), Haití (-4.6%), y Paraguay (-1.1%). Otros más prácticamente estuvieron estancados, entre ellos, Honduras (0.0) y Uruguay (1.3%). Es decir, del conjunto, 5 países sufrieron retrocesos y otros 5 se mantuvieron estancados.
De los países que han registrado mejorías en su situación económica, considerados los seis años de la presente década, se encuentran los siguientes: Panamá (4.8%), Nicaragua (4.5%), El Salvador (3.2%), Guatemala (3.2%), México (2.9%), Bolivia (2.9%) y Perú (2.7%). Sin embargo, en el año pasado solamente Panamá (5.3%), México (3.2%), Chile (3.1%), Perú (2.9%), Guatemala (2.8%) y El Salvador (2.3%) registraron aumentos importantes en la producción por habitante.
Estas cifras, procedentes como se indicó de un organismo oficial internacional, la CEPAL, no dejan lugar a dudas de que la economía de América Latina se encuentra en una paralización crónica, que se hizo aún más notoria en el año que acaba de pasar, al grado de apuntar hacia un verdadero retroceso.
¿Y la justicia social?
En el panorama de la América Latina de países en retroceso o con economía estancada es difícil imaginar que la situación de los pueblos latinoamericanos esté mejorando. Cuando no hay desarrollo económico se restringen las oportunidades de trabajo bien remunerado, la capilaridad social se vuelve más difícil y las condiciones de vida de las mayorías queda seriamente comprometida. Con frecuencia, también las condiciones políticas empeoran hasta llegar en muchos casos a la supresión violenta de los derechos ciudadanos, como una salida falsa a la situación. Tales son los casos de la Argentina, Brasil, Haití, Paraguay y otros, dominados por dictaduras militares. En esta situación los pueblos sufren no solamente la falta de libertades sino también del empeoramiento de las condiciones de vida, ya que las dictaduras no resuelven, ni pueden hacerlo, los graves problemas que aquejan a los pueblos, antes bien, los agudizan.
Un termómetro de la situación en que viven los pueblos es el de la distribución del ingreso. En este sentido los estudios recientes realizados también por la CEPAL no dejan lugar a dudas de la difícil situación en que se encuentran las grandes mayorías de la Argentina y del Brasil. En ellos el ingreso se ha ido concentrando en pequeños grupos de capitalistas nacionales y extranjeros. La política de “desarrollo” seguida por los gobiernos de esos países ha provocado una mayor desigualdad en la distribución de los frutos del trabajo, reduciéndose la proporción que va a dar a manos de los trabajadores y del pueblo en general. Con el estancamiento económico que padecen esos países y que se deriva en buena medida de la tremenda desigualdad en la distribución de los ingresos, se agrava la situación de las masas populares y se compromete seriamente el porvenir de esas naciones hermanas.
Desgraciadamente el problema de la mala distribución de los ingresos constituye un fenómeno generalizado a toda la América Latina (y también a los países desarrollados capitalistas). Se observa en países que han logrado aumentar su producción en mayor proporción y en forma continua. Tal es el caso por ejemplo de México, que en el panorama latinoamericano es uno de los países que más éxito ha logrado en materia de crecimiento económico. Algunos datos básicos sobre este problema que tomamos del estudio correspondiente de la CEPAL lo demuestran con claridad indiscutible.
El ingreso nacional de México se distribuyó en 1963-64 en la siguiente forma:
El 20% de las familias mexicanas tuvieron ingresos mensuales de 229 pesos, en promedio. En conjunto correspondió a este grupo de familias solamente el 3.6% del ingreso total del país. En este sector de familias de ingresos tan bajos quedaron incluidas alrededor de las dos terceras partes de la clase trabajadora.
Esto indica que un jefe de familia de este grupo no ganó ni la mitad del salario mínimo correspondiente a esa fecha, que fue de 16 pesos en la ciudad y de 13.45 en el campo. Aún suponiendo que de cada familia trabajen dos miembros, el ingreso de cada trabajador fue inferior al salario mínimo.
En el otro extremo, el formado por las familias de más altos ingresos, tenemos que el 1%, obtuvo el 12% de los ingresos totales, o sea, cerca de cuatro veces lo que logró el 20% de las familias de bajos ingresos. Y si consideramos el 5% de las familias de altos ingresos, encontramos que absorbieron el 29% de los ingresos totales, o sea más de 87 veces lo que logra el grupo del 20% de las familias de ingresos bajos. Y si tomamos al 20% de las familias de mayores ingresos encontramos que en conjunto absorben el 58.5% del ingreso total del país, o sea más de 16 veces lo obtenido por el grupo de menores ingresos.
Lo que es más alarmante en las cifras presentadas por el estudio que comentamos es que la tendencia que se observa es de un franco empeoramiento de la situación. Así por ejemplo, en 1950 el 20% de las familias de menores ingresos obtuvo el 6.1% del ingreso nacional total, en tanto que después de tres lustros de desarrollo descendió a casi la mitad, es decir, a solamente el 3.6% del total. Y más todavía, según lo afirma la propia CEPAL en uno de sus documentos, existen “indicios” que permiten suponer que la pérdida fue no sólo relativa sino también absoluta para el 20% de las familias de ingresos más bajos. Es decir, que este grupo de familias en 1963-64 obtuvo un total de ingresos inferior al que logró en 1950.
Las cifras que hemos presentado nos permiten afirmar que el desarrollo económico que ha registrado nuestro país no ha favorecido a cuando menos 2 millones de familias mexicanas, es decir, a la quinta parte del pueblo de México. Los grupos beneficiados evidentemente han sido los de los grandes inversionistas, industriales, comerciantes, banqueros, gestores, etc. y ciertos grupos de clase media alta y pequeños grupos de la clase obrera.
Esta realidad nos impone la necesidad de poner en un plano destacado el logro de una distribución más justa de la riqueza y del ingreso, como un requisito mínimo de la aspiración de lograr un desarrollo económico con justicia social. Es esta una necesidad, no solamente con bases morales y humanas, sino económicas, porque el desarrollo no puede sostenerse y menos acelerarse existiendo millones de familias que apenas vegetan y que no pueden ser factores de consumo y de mayor producción. El futuro desarrollo económico y también de la tranquilidad política del país depende de la solución de este angustioso problema nacional.♦