El Programa de acción firmado por 20 presidentes en Punta del Este, refleja las dos grandes tendencias que históricamente se han manifestado en el Continente Americano: la de los países latinoamericanos que ambicionan manejar ellos mismos sus asuntos internos y sus relaciones entre sí, y la de los Estados Unidos que pretende ser el árbitro y el usufructuario de los destinos de los países del continente.
Por una parte, el programa recoge, en algunos casos hasta en forma textual, la posición de los países latinoamericanos más independientes como México, que tienen la determinación de que la integración económica de América Latina sea un asunto exclusivamente latinoamericano y para beneficio de los latinoamericanos y no de grandes empresas extranjeras. Consecuentemente, en el programa se establecen una serie de puntos de acuerdo de los países latinoamericanos para “crear en forma progresiva a partir de 1970 el Mercado Común Latinoamericano que deberá estar substancialmente en funcionamiento en un plazo no mayor de 15 años”. En esta parte del Programa de Acción no hay intervención directa de los Estados Unidos, dejándose en exclusividad a los países latinoamericanos la decisión y responsabilidad de llevar a cabo el propósito central de constituir el Mercado Común Latinoamericano.
Pero, por otra parte, el Programa de Acción da una participación muy grande en asuntos importantes a los Estados Unidos y a determinados organismos en los que este país tiene los controles de mando como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza para el Progreso (ALPRO), entre otros. La participación de los Estados Unidos es determinante en materia de financiamiento, de problemas de técnica, en relación a estudios, en las obras de infraestructura, de telecomunicaciones, sistemas viales, etc.
Con el Programa de Acción los Estados Unidos lograron colocar en el centro de la integración de América Latina a la OEA, al BID y a la ALPRO. Y estos tres organismos, como se sabe, son manejados esencialmente de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. De acuerdo con el Programa de Acción los organismos señalados forman parte del engranaje del sistema de Integración de América Latina y en algunos casos llegan a tener funciones de supervisión a nivel supranacional. Veamos algunos aspectos que demuestran con claridad esta situación.
En el punto 5 del capítulo I, sobre la Integración Económica y Desarrollo Industrial de América Latina, se establece que “los presidentes de los Estados miembros de la OEA (que incluye a los Estados Unidos) acuerdan a) Movilizar recursos financieros y técnicos dentro y fuera del continente, para contribuir a la solución de los problemas de balanza de pagos, readaptación industrial y orientación de la mano de obra… Deberán participar en la movilización de tales recursos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los órganos de los dos sistemas de integración existentes. Y más adelante, en el inciso f) del mismo punto 5, se acuerda “otorgar dentro de la Alianza para el Progreso… los recursos técnicos y financieros necesarios para acelerar los estudios preparatorios y las tareas relacionadas con la conversión de la ALALC en un mercado común”.
Una importancia semejante se otorga a la OEA y al BID en lo que hace a los Proyectos de Infraestructura, consignados en el capítulo II del Programa de Acción. En todo este capítulo los compromisos de acción se refieren no solamente a los presidentes latinoamericanos, sino a los miembros de la OEA, o sea, con la inclusión de los Estados Unidos.
El capítulo V, que se refiere al “Desarrollo educacional, científico y tecnológico e intensificación de los programas de salud” es todavía más explícito en la participación destacada de la OEA y de la Alianza para el Progreso. Después de consignar una serie de medidas que deberán adoptarse en escala nacional, se establece que “la evaluación de los esfuerzos nacionales de desarrollo educativo y cultural se efectuará coordinadamente por el CIAP (organismo de la Alianza para el Progreso) y por el Consejo Interamericano Cultural”. Esto quiere decir que dos organismos dependientes de los Estados Unidos serán los encargados de hacer la evaluación de los esfuerzos nacionales en materia educativa y cultural.
En este mismo capítulo, cuando se aborda el problema de la investigación científica y tecnológica y del establecimiento de institutos multinacionales, se acuerda la constitución de un grupo de personalidades de alto nivel con conocimiento y experiencias en ciencia, tecnología y dirección de universidades (sin que se indique de qué nacionalidad serán) a fin de que recomiende y asesore al Consejo Interamericano Cultural en la constitución de dichos institutos. Luego se indica que ese grupo de alto nivel será convocado por el consejo de referencia o en su defecto por el CIAP (de la ALPRO), y que se reunirá en un plazo de 120 días posteriores a la terminación de la reunión de presidentes. De nuevo se ve la ingerencia determinante de organismos manejados por los Estados Unidos.
Finalmente, cuando se aborda la formación de personal científico y tecnológico de nivel académico superior, se indica que el programa será impulsado por el Consejo Interamericano Cultural en cooperación con el CIAP (ALPRO), además de que deberá crearse un fondo para dicho programa, con aportaciones de los países miembros del sistema interamericano, de instituciones de países tecnológicamente avanzados, de universidades, fundaciones y de particulares. Otra vez un programa de tanta importancia para el futuro científico y tecnológico de América Latina se pone bajo la influencia determinante de organismos de los Estados Unidos y de instituciones públicas y privadas de ese país.
La gran intervención que de acuerdo con el Programa de Acción se otorga a los Estados y sus organismos, en materia de financiamiento, de desarrollo cultural y técnico, de inversiones en infraestructura, etc., se desvanece casi por completo en un problema de vital importancia para los países latinoamericanos como es el de los precios de las materias primas y demás productos que forman el grueso de sus exportaciones. Respecto a este problema, que para nuestros pueblos ha sido de preocupación permanente por constituir uno de los factores que más frenan el desarrollo de la región, Estados Unidos no ofreció en concreto nada. Solamente se comprometió a reconocer que “los esfuerzos individuales y conjuntos de los Estados miembros de la OEA son esenciales para aumentar los ingresos de los países latinoamericanos provenientes de sus exportaciones tradicionales y evitar las frecuentes fluctuaciones de los mismos, así como para promover nuevas exportaciones. Y en una forma igualmente vaga se suma al acuerdo de “actuar coordinadamente en las negociaciones multilaterales con el fin de lograr, sin que los países desarrollados esperen reciprocidad, la máxima reducción posible o la eliminación de los derechos aduaneros y otras restricciones que dificultan el acceso de los productos latinoamericanos a los mercados mundiales”. Fuera de esto, los compromisos de los Estados Unidos en problemas tan angustiosos para la América Latina, fueron de poca monta.
La conclusión que puede desprenderse de lo que hemos asentado es que, en este primer round, los Estados Unidos, que fueron con las manos vacías a Punta del Este, se regresaron con la alforja llena, y que los países latinoamericanos que dieron la pelea para evitar la entrega, tendrán en el futuro problemas más serios que resolver para mantener su independencia y derecho de autodeterminación, y que ahora más que nunca será correcta la política de lograr una integración económica exclusivamente latinoamericana y para beneficio de los latinoamericanos. Pero se plantea la gran cuestión de saber si el acuerdo de Punta del Este no será un compromiso que impida la realización de esa política.♦