El gobierno de frente popular dio al traste con las conquistas de Cárdenas.
La elección del general Manuel Ávila Camacho para la Presidencia de la República fue una transacción con las fuerzas contrarrevolucionarias que aprovechando la coyuntura de la Guerra Mundial II, que había estallado un año antes, amenazaban con una guerra civil. Aunque la Revolución había recibido un fuerte impulso con Cárdenas, había afectado tantos intereses creados de dentro y del exterior, y no había tenido tiempo de consolidarse, que no tuvo la fuerza suficiente para decidir con libertad sobre la sucesión presidencial.
La Guerra Mundial II, en la que México se vio obligado a participar por la agresión nazi, dio fisonomía a la administración de Ávila Camacho en todos sus aspectos fundamentales. Por lo pronto y este es uno de los rasgos sobresalientes, la política económica y social del país tuvo que condicionarse a las exigencias del conflicto armado. Y en esa virtud, se supeditó el avance revolucionario interno a los compromisos internacionales de lucha contra el nazi-fascismo.
La política de Unidad Nacional fue la manifestación exterior más clara del cambio cualitativo que se habría de operar en la administración pública y en la vida general del país. La intensa lucha de clases que necesariamente acompañó al avance de la Revolución en el régimen del general Cárdenas, se pretendió sustituirla por la unidad de todos los sectores del país, es decir, por la armonía entre terratenientes, campesinos, empresarios, obreros, intelectuales de izquierda y los de derecha, etc. ¿Cuáles fueron las manifestaciones concretas de la política de la Unidad Nacional y cuáles sus consecuencias? En sus aspectos fundamentales fueron los siguientes:
Reforma Agraria. Desde los inicios del Gobierno de Ávila Camacho se hizo patente un viraje de gran envergadura en la política agraria. El énfasis en el ejido, que caracterizó el régimen anterior se fue sustituyendo por una política cada vez más abierta a favor de la “pequeña propiedad”. De esta suerte el reparto de tierras sufrió un descenso drástico en comparación al período anterior, llegándose a entregar tierras por una extensión algo más de 5 millones de hectáreas en total, que apenas representó un poco más de la cuarta parte de la superficie repartida por Cárdenas.
Las presiones de los terratenientes y de los sectores capitalistas que clamaban por seguridad en el campo, como requisito para elevar la producción según lo demandaban las exigencias de la guerra y el desarrollo, encontraron eco en la decisión del Gobierno de expedir una serie de disposiciones legales que tendían a ese fin. En cuanto al reparto agrario, la distribución de tierras se sustituyó en muy buena medida por el reparto de títulos, tanto a los ejidatarios como a los pequeños propietarios. Se expidió también un nuevo Código Agrario, en 1942, en el que se ampliaban las concesiones a la “pequeña propiedad”, tanto agrícola como ganadera.
Paralelamente a las nuevas disposiciones legales se crearon organismos que tendían a dar “tranquilidad al campo”, es decir, a la “pequeña propiedad”, tales como los Comités Mixtos de Economía Regional y el Fondo Nacional de Garantía Agrícola, este último dirigido a garantizar las pérdidas sufridas por los agricultores, instituciones privadas de crédito y hasta a los intermediarios, hasta en un 30% del valor de dichas pérdidas.
Política económica general. La tónica de política seguida por el Gobierno del general Ávila Camacho en materia económica fue la de dar las facilidades máximas al sector privado para que invirtiera sus capitales en forma remunerativa. Con tal propósito y en aras de aumentar la producción y de elevar nuestra colaboración para el triunfo de la lucha armada, se frenaron los conflictos obreros y prácticamente se congelaron los salarios. Como una advertencia al sector obrero, se procedió con mano dura en el conflicto planteado por los obreros de la Fábrica Nacional de Armas.
Al tiempo que se procedía en esta forma respecto al sector trabajo, se creaban condiciones de verdadero privilegio para el sector empresarial. La euforia provocada por la guerra motivó en el país una desproporcionada elevación de los precios, que contribuía a acrecentar las utilidades del sector capitalista, reduciendo consecuentemente la capacidad de compra del pueblo. Para no lesionar los intereses de los inversionistas, el Gobierno se abstuvo de tomar medidas a fondo para evitar la inflación, tales como reformas fiscales que hubieran aliviado el proceso de elevación de precios y al mismo tiempo hubieran permitido al Gobierno disponer de recursos mayores para fines de interés social general.
El inversionista privado se convirtió en el personaje central. Fue llamado a salvar al país de la situación de emergencia creada por la guerra. Por patriotismo debía invertir sus capitales y poner su espíritu de empresa al servicio del país, estableciendo industrias y desarrollando actividades que para suplir la falta de productos que por la guerra ya no era posible obtener en el exterior. Para ello dispondría de las facilidades necesarias que le permitieran derivar las utilidades correspondientes.
Por patriotismo o por el afán de obtener utilidades a voluntad, el sector privado se lanzó en forma casi desenfrenada a toda clase de negocios, productivos y no productivos, buenos y malos desde el punto de vista nacional, pero todos ellos muy lucrativos dadas las condiciones de privilegio en que operaban. Y de esta manera se registró en verdad un notable aumento en la producción nacional de bienes y de servicios. Durante el Gobierno de Ávila Camacho el Producto Nacional creció a una tasa del 6.1% anual, lo que significa que duplicó la tasa de crecimiento de la población.
Hubo pues, crecimiento económico importante. Pero ¿hubo desarrollo económico independiente y democrático? La respuesta categórica es no. El crecimiento registrado se realizó por el camino típicamente capitalista. Mientras que el sector empresarial privado acumuló enormes fortunas, los sectores populares sufrieron penalidades sin cuento por la elevación de precios. No fue pues, un desarrollo democrático.
Por otra parte, tampoco fue un desarrollo independiente. Durante este sexenio se acentuó peligrosamente la dependencia de nuestro país respecto a los Estados Unidos. Esta dependencia se manifestó por una desproporcionada participación de nuestros vecinos en el Comercio Exterior, ya que casi se convirtieron en el único mercado comprador y proveedor, y por una supeditación creciente de nuestro desarrollo a las exigencias de ese país. Durante los años de la guerra se concertaron acuerdos lesivos para los intereses nacionales, como el Convenio de Cambios, que mantuvo artificialmente el tipo de cambio en $4.85 por un dólar, pudiendo haber sido de solamente $3 por un dólar; como el Tratado Comercial, que frenó nuestro desarrollo industrial por algún tiempo y como el acuerdo sobre el pago de 40 millones de dólares por reclamaciones de norteamericanos afectados por la política agraria de la Revolución.
El resultado de la administración del general Ávila Camacho fue, por lo tanto, de un cambio sustancial en el juego de fuerzas interno en contra de la Revolución y a favor de los sectores capitalistas del país. El escenario estaba puesto para que el “cachorro de la Revolución” empujara al país por el camino franco del desarrollo capitalista, tarea en la que superó todas las previsiones. Concomitantemente la Revolución en sus aspectos fundamentales sufrió el más serio revés, del que todavía estamos resintiendo sus serios efectos.♦